El poder público para garantizar los créditos.

Empieza la semana con la noticia de que ha caído un 70% los créditos del ICO en el primer trimestre, manteniendo el mismo presupuesto del año anterior: 22.000 millones de euros.

El problema reside en que el ICO no tiene ventanilla y son las entidades privadas las que deben tramitar los prestamos a pymes y autónomos, pero éstas no quieren asumir el riesgo y no conceden esa ayuda a las pequeñas empresas españolas.

Por ello creo, y así lo escribo en HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO, que «es necesario revisar la función del ICO que ha quedado vacío, incompetente y sin capacidad de hacer frente a los retos que eran necesarios para dinamizar la economía y favorecer la fluidez del crédito.

Una banca pública es necesaria para.
1. Entrar en competencia directa con las entidades privadas y conseguir bajar tipos de interés de préstamos de todo tipo y tener capacidad de crear productos de ahorro y de servicios bancarios competitivos.

2. Garantizar el flujo del crédito, con la garantía del Estado, evitando que el dinero público tenga que llegar en forma de crédito por medio de bancos intermediarios que crean condiciones y se apropian de un beneficio que el Estado dedica a las empresas. El funcionamiento del ICO a través de entidades privadas es un regalo a esas entidades y no llega el crédito a su destinatario final.

3. Un sistema hipotecario que agilice los préstamos hipotecarios con todas las garantías de recuperación, pero con condiciones e intereses más bajos y favorables que hagan que las entidades privadas entren en competencia y tengan que mejorar sus productos.

4. Priorizar los préstamos y créditos a empresas y emprendedores que participen de los criterios arriba expuestos y abran nuevos negocios y áreas empresariales.

5. Favorecer las garantías y asegurar las inversiones y el riesgo probado y garantizado de las actuaciones empresariales en el exterior.

6. Ser la entidad pública por la que se canalicen y hagan llegar a los beneficiarios las ayudas y subvenciones públicas estatales.

Junto a esta Banca Publica hay que aumentar la responsabilidad social de las entidades bancarias privadas, aumentando el control de sus gestores y aumentando la responsabilidad penal y patrimonial de sus gestores y, más, si es necesario dedicar un solo euro del presupuesto público nacional por problemas derivados de la mala gestión de sus responsables.

En definitiva, todo para provocar una transformación para avanzar económica y financieramente. Eso nos lleva a la revisión del modelo económico, financiero y productivo. Nos lleva a la concepción de la economía como instrumento social y no como fin social; a empezar a considerar nuevos parámetros para medir el impacto de las políticas y el crecimiento económico según nuevos valores como el índice de felicidad, el índice de calidad de vida. En definitiva, introducción de indicadores de bienestar más allá de los números sin alma y sin consideración de las personas y sus vidas de hoy de las próximas generaciones.»