Sobre el programa económico de Podemos. Por José Vicente Ruiz

Sobre el programa económico de Podemos

JOSÉ VICENTE RUIZ Basándome en las diez medidas fuerza elegidas por Podemos como elementos mínimos en su programa económico y desde la modestia de ser un economista dedicado al asesoramiento de particulares y pymes desde hace más de 30 años, con la consiguiente experiencia en muchos campos dentro de la economía, trataré de comentar y opinar sobre estas medidas, entendiendo que toda aportación que se realice en estos momentos con la finalidad de mejorar la situación económica del país debe agradecerse y valorarse.

RBU (Renta Básica Universal). No es algo novedoso el hablar de que toda persona por el hecho de ser natural de un Estado, tenga cubiertas una serie de necesidades mínimas que le dignifiquen como persona. Entiendo que al tratarse de una medida del calado de esta, se habrán valorado tanto el montante económico (algunos estudios lo cifran en 145.000 millones) como la forma en que se materializaría. Como experiencia, comentar que en el año 1982 me encontré con ese tema en la vecina Argelia y durante mi estancia de dos años pude comprobar como una gran parte de la población se adaptaba en sus necesidades a esta RBU negándose a entrar en el mercado laboral. Cabría definir seriamente a quién se le entregarían los 700 € mensuales que se prometen y si estas personas se convertirían en subsidiados profesionales vitalicios.

Jubilación a los 60 años. Como objetivo, es algo loable y deseable por toda persona que haya trabajado durante una gran parte de su vida. Y más, hoy en día, cuando observamos como unos privilegiados pueden optar a las llamadas prejubilaciones en sectores como la banca, el Ejército, la docencia en algunas circunstancias, etcétera. Ahora bien, seamos razonables y analicemos el tema de orma que, como si de una jarra se tratara, la falta de entrada de recursos por estas jubilaciones (salida de agua) unida a las aportaciones reducidas por parte de los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo (entrada de agua), conllevaría de una forma inequívoca a finiquitar el contenido de la jarra. Otra cosa sería trasladar la
partida de pensiones desde los fondos de la Seguridad Social actuales a la financiación por medio de impuestos. Acabando con los privilegios de los prejubilados.

Aumentar el salario mínimo y fijar un salario máximo. Lo novedoso de esta propuesta es el fijar un tope al salario, cosa que entiendo se debería llevar a cabo por ley y que no fuese en contra de la Constitución actual. Aun suponiendo que esto se pudiera llevar a término, ¿alguien se ha parado a pensar que se estaría cercenando la libertad de decisión de muchas personas, se estaría fomentando de manera irremediable la fuga de todas aquellas personas que demuestran un nivel importante de excelencia y por el contrario premiaríamos a la mediocridad?

Impuesto a las grandes fortunas. Primero deberían definir si se trata de un nuevo impuesto. No creo que a nadie le guste pagar impuestos, pero también es cierto que si quieres una serie de infraestructuras, servicios públicos y calidad de vida hay que financiarlos, y aquí no tenemos riquezas naturales „petróleo„ que explotar. También es cierto que quien más gana, más debe contribuir. Pero resulta curioso que se hable de un impuesto a las grandes riquezas „sin concretar„ con el consiguiente malestar que se genera y, en cambio, no se diga nada de modificar la tributación por renta a los especuladores que siguen tributando por debajo del asalariado común.

Nacionalización de sectores. No me cabe la menor duda de que el objetivo de frenar los posibles abusos en sectores estratégicos por parte del Gobierno de turno debe ser una máxima en su línea de actuación. No creo necesario llevar a cabo ningún proceso de nacionalización que nos convierta en un país en el que no interese invertir por el miedo a las decisiones gubernamentales de cada momento. Con la acción de gobierno se puede ayudar o dirigir algún sector de la economía sin necesidad de una intervención tan drástica.

Auditoría de toda la deuda pública. Se pretende determinar el montante total de la deuda del país „incluyendo ayuntamientos y comunidades autónomas„ en qué condiciones se ha pactado y renegociar éstas. Una mínima reflexión sería considerar que todos aquellos agentes financieros nacionales o internacionales que en un momento determinado han confiado en nosotros se verían abocados a huir, económicamente hablando, de aquí, dejándonos en la más absoluta de las autarquías financieras. Y no vale hablar del ejemplo de Ecuador o Grecia. Además, no debe obviarse el importante desfase que se generaría en toda la deuda pública que emite el Estado y que suscriben organismos como la Seguridad Social, ayuntamientos, etcétera.

Paralizar la privatización de la Seguridad Social. Un logro social como la universalización de la sanidad pública y gratuita no se puede tirar por tierra. No podemos crear ciudadanos de primera y de segunda. No se debe estar en contra de la sanidad privada „cada cual se gasta su dinero donde estima oportuno„ pero el servicio de sanidad gratuito ha de ser público y gozar de una calidad como siempre ha tenido, reconocida a nivel internacional. Se deberá aumentar la financiación con el fin de eliminar el copago y dotar los fondos necesarios para incentivar la investigación.

Reforma educativa de carácter asambleario. Es evidente que se debe mantener e incrementar la educación como un logro social, universal y gratuito; primando la excelencia, la investigación y el desarrollo de todos los conocimientos adquiridos dentro de nuestro país. Es obvio que no podemos permitirnos el que las últimas generaciones de alumnos salidos de nuestras universidades y centros ocupacionales, que son las mejor formadas, tengan que abandonar nuestro país para encontrar un puesto de trabajo y, que los receptores se beneficien de toda la inversión en educación que hemos realizado nosotros. Es obvio que hay que contar con todos los intervinientes en el proceso educativo, lo que no está claro es si el sistema debe ser asambleario. Lo importante es que sea eficaz.

Presupuestos municipales colaborativos. El modelo de gestión pública de forma asamblearia o colaborativa es cuanto menos muy discutible. Dudo que incluso en aquellos municipios que funcionan como concejo abierto fuera operativo. Ante este modelo podíamos anteponer uno que exigiera de manera dispositiva el control anual de la elaboración y el cumplimiento del presupuesto mediante las correspondientes auditorias que generarían sin dudarlo un margen de trasparencia efectiva.

Despenalizar la ocupación de viviendas vacías. Es evidente, como bien recoge la propia Constitución, que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna, pero también recoge la misma Constitución la existencia de garantías hacia la propiedad. La ocupación en si de una vivienda constituye una ilegalidad perseguida. Debemos apoyar la modificación de la legislación vigente en materia de dación en pago y fomentar desde las instituciones y a través de medidas fiscales, la figura del alquiler social. No debemos fomentar la despenalización de algo a todas luces injusto.

José Vicente Ruiz es miembro del Comité Nacional del PSPV-PSOE

Publicado en Levante-emv el 13 de noviembre de 2014