FISCALIDAD

SOCIALISTAS POR UNA FISCALIDAD PROGRESISTA QUE GARANTICE LA IGUALDAD DE POSIBILIDADES Y OPORTUNIDADES

La sostenibilidad del Moderno Estado del Bienestar

Los socialistas consideramos que el Moderno Estado del Bienestar debe ser sostenible económica y medioambientalmente.

Tenemos que crear todos los mecanismos fiscales para que la solidaridad sea una realidad y entre todos, en la medida de las posibilidades de cada cual, se garantice el sistema. Porque el Estado puede ser más pobre, pero no por eso tiene que ser más injusto.

Todo el sistema productivo ha de revisarse, reinventarse para interiorizar la innovación, la creatividad y el talento. Equipos productivos en red, colaborativos, modernos, de emprendedores para buscar soluciones modernas y de vanguardia. El Estado ha de tener muy claro de quién ingresa y en quién gasta para garantizar la calidad de vida de todos y la posibilidad real de cada ciudadano haga su plan de vida sin necesidad de más sometimiento que a la ley.

No podemos pedirle a los más necesitados, ni a los desempleados, ni a los trabajadores, ni a los jubilados y pensionistas que acarreen con el peso completo para reducir el déficit soportando todos los recortes de lo básico, mientras no les pedimos nada a los más ricos y poderosos.

1. Garantizar la sostenibilidad social y económica del moderno Estado del bienestar

Los impuestos son la única vía para redistribuir la riqueza nacional y los socialistas tenemos la responsabilidad histórica de modernizar, de una vez por todas, el obsoleto e injusto sistema español que condena a pagar más no a quien más tiene, sino al que tiene una nómina, a las rentas del trabajo. Debemos apostar por una fiscalidad directa y progresiva que obligue a las grandes fortunas y a los grandes sueldos públicos y privados a aportar más al bien común.

Hay que hablar sin complejos de poner orden y transparencia en las cuentas de la Casa Real, los presupuestos de los organismos públicos empresariales tiene que ser transparentes y que se conozcan en tiempo real y, respecto al Ejército, los socialistas queremos disminuir notablemente el presupuesto militar, adaptándolo a las necesidades de Defensa al inicio de este siglo, y acabar con las aportaciones estatales a las confesiones religiosas, revisando la fiscalidad concreta de la Iglesia Católica.

También se deben regular las aborrecidas SICAV de una vez por todas y acabar con los sueldos públicos abusivos. Hay que poner fin a la política del subsidio y la subvención a fondo perdido sin contraprestación, incorporando una nueva cultura de la corresponsabilidad social y llevar a cabo un plan de venta y de reinversión social del patrimonio del Estado.

El moderno Estado del Bienestar tiene que consolidar definitivamente la doble concepción de progresividad y de solidaridad para poder garantizar un desarrollo justo en igualdades de oportunidades y posibilidades eliminando toda barrera de marginalidad y deterioro social:

• a) QUIEN PAGA. Los impuestos deben estar en permanente situación de progresividad para que pague más quien más tiene, aporte más quien más tenga y se pueda participar de una sostenibilidad social y económica del sistema del bienestar y de los servicios públicos esenciales, sin penalizar la iniciativa privada.
• b) QUIEN RECIBE. Por otro lado, en quién se gasta, sobre quién recae el gasto e inversión social para garantizar la igualdad y la solidaridad, el avance conjunto y el progreso de toda la sociedad.

Por eso, el moderno Estado del Bienestar debe establecer nuevos parámetros culturales y políticos de corresponsabilidad social, civil y económica. Nada es gratuito porque todos estamos obligados al esfuerzo, a la aportación y a la corresponsabilidad. Garantizar el moderno Estado del Bienestar no significa apostar por una a situación subvencionada, de prestaciones sin contraprestaciones y de derechos sin obligaciones.

Es necesario un nuevo concepto cultural y social de la unión ciudadano-Estado y de las complicidades y contraprestaciones necesarias con la base de la corresponsabilidad y reciprocidad para garantizar la implicación real de toda la sociedad en su avance conjunto.

2. Elementos para la reforma fiscal

Consideramos urgente que se establezca una reforma fiscal en España que tenga diferentes elementos dentro de su configuración y que analice nuevos mecanismos que garanticen y aumenten la recaudación y eviten el fraude y la fuga fiscal.

• 1. El sistema fiscal debe ser progresivo y no puede penalizar las rentas del trabajo y sí las grandes fortunas y patrimonios. Debe aplicarse un aumento fiscal progresivo sobre las rentas del trabajo aumentando las cargas fiscales a los altos suelos de cargos públicos y privados. Las rentas del trabajo no pueden considerarse igual según su cantidad anual percibida. La tributación de las rentas de capital y las ganancias patrimoniales, se han de igualar, en cuanto a su tributación, con las rentas de trabajo y actividades empresariales o profesionales de trabajadores autónomos. No podemos premiar a aquellos que viven de rentas de capital ni a los especuladores.
• 2. Debe aumentarse la carga fiscal sobre las grandes fortunas eliminando las SICAV y recuperando con su aplicación justa y necesaria del impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones.
• 3. Aumentar la carga fiscal sobre los beneficios del capital y de los derivados de toda clase de la especulación financiera. Implantación urgente de la Tasa Tobin.
• 4. Debe revisarse definitivamente el Acuerdo con la Santa Sede para reformular el status fiscal de la Iglesia que debe considerarse, a todos los efectos la segunda entidad propietaria de bienes inmuebles de España.
• 5. Debe revisarse la política fiscal de la Casa Real, su presupuesto público y debe publicarse el patrimonio individual de cada miembro de la Casa Real.
• 6. Debe establecerse un sistema fiscal específico a las entidades financieras, tanto en sus beneficios directos (excepto que lo dediquen a que fluya el crédito para empresas y familias) como un tipo impositivo especial a aquellas entidades que hayan recibido dinero público para su saneamiento.
  En este caso, junto a la garantía de devolución hasta el último euro prestado por el Estado para su saneamiento, hay que aplicar un impuesto específico sobre sus beneficios y una mayor responsabilidad penal y patrimonial de sus gestores.
• 7. Debe perseguirse específicamente el fraude fiscal estableciendo por ley la imposibilidad de aplicar ningún tipo de amnistía, mejora, condonación o bonificación al defraudador. Y, en ese sentido, se debe endurecer en el Código Penal las correspondientes penas de cárcel y con jurado popular para los delitos fiscales, fraudes bancarios, malversación de fondos públicos y de recursos de las Cajas de Ahorro y Banca.
• 8. La Agencia Tributaria no puede ser autonómica. Tiene que ser central y establecer como prioridades la recaudación de impuestos y evitar la evasión fiscal, el fraude y el blanqueo de dinero. Urge un plan de acción de choque urgente y programado en el tiempo para articular la persecución contra el fraude fiscal, dedicando más esfuerzos técnicos y personales a la lucha contra los que roban a todos. Mientras tanto, Se debe exigir por ley que las agencias tributarias central , autonómicas, forales e insulares compartan información, ya que en estos momentos no existe.
• 9. Debe establecerse una carga impositiva a todas aquellas propiedades urbanas y agrarias que están abandonados por diferentes motivos, entre ellos, inmuebles de viviendas y solares urbanos que están abandonados en las ciudades, penalizando su paralización y fomentando su dinamización. Es urgente la puesta en marcha del Registro de Solares para que la administración pueda adquirir los inmuebles, solares y terrenos agrícolas abandonados y dedicarlos a vivienda social e instalaciones de uso y disfrute colectivo, previo pago y respetando el principio constitucional de propiedad privada. En todo caso, Se deberá informar siempre de cómo se va a determinar el justi-precio en las expropiaciones con el fin de que los propietarios conozcan los riesgos de abandonar esas propiedades
• 10. La trasparencia fiscal de todos los cargos públicos. Empezando por el patrimonio personal del Rey o del Presidente de la República y del Gobierno, obviamente cuando se instaure.
  Ha de ser pública su declaración de la renta y bienes patrimoniales durante todos los años de su ejercicio político público y, al menos, en los tres años siguientes de abandono su función política. La transparencia en las cuentas es síntoma de normalidad democrática.
• 11. Debe aumentar la carga fiscal a las empresas que desarrollen su actividad con riesgo al medio ambiente y a aquellas que obtienen sus beneficios por la explotación de los recursos naturales.
• 12. Debe aplicarse una carga fiscal específica a las personas que reciben altos ingresos por contratos derivados de su actividad deportiva o artística. No son concebibles los sueldos millonarios sin contribución especial al conjunto de la sociedad. No obstante, hay que favorecer fiscalmente la creación artística e intelectual en todos sus sentidos y potenciar la industria de la cultura y la inteligencia.
• 13. Hay que actuar sobre los beneficios obtenidos por actividades que son objeto de ayudas o subvenciones de cualquier institución nacional o europea.
• 14. Hay que revisar todas las deducciones aplicables para los altos rendimientos del trabajo y para el impuesto de sociedades.
• 15. Hay que revisar los impuestos indirectos que afectan al consumo y, sobre todo a los productos de primera necesidad para que también sean progresivos en función de la situación personal del contribuyente, reduciendo el IVA a jubilados, pensionistas y parados sin prestaciones para que no haya una acción lineal del impuesto sobre productos de primera necesidad y medicamentos.
• 16. Se ha de reducir la presión fiscal a emprendedores, investigadores y autónomos eximiéndoles el primer año del pago de las cotas a la Seguridad Social.
• 17. Se ha de reducir la presión fiscal a empresas que desarrollen planes de inversión social de sus beneficios con repercusión directa en la mejora de la calidad de vida de la comunidad donde están ubicadas.
  Así mismo, a todos los empresarios que contraten a un trabajador indefinido, se les ha de eximir del pago de la cuota a la Seguridad Social durante un año.
  Fomentar empleo para que se participe de la economía productiva y facilitar que las personas salgan del sistema público de prestación por desempleo y se incorporen al mercado de trabajo activo.
• 18. Se ha de reducir la presión fiscal a empresas que reinviertan en investigación, innovación y tecnología siempre según su facturación, excepto a las grandes multinacionales que, además, deben estar obligadas a poner en marcha planes específicos de responsabilidad social, con objetivos y evaluaciones prácticas de éxito conseguido. Se debe dotar de beneficios fiscales a aquellas empresas y particulares que aporten fondos a proyectos de I+D.
• 19. Se ha de reducir la presión fiscal sobre aquellas empresas que busquen y desarrollen nuevos nichos de mercado, negocio, o desarrollo empresarial como lo relacionado con el medio ambiente, la ciencia, la nanotecnología y futuros desarrollos agrarios, ganaderos y pecuarios.
• 20. Se tiene que reducir la presión fiscal a aquellas empresas que contraten estudiantes y trabajadores formados en España y que se han tenido que ir de nuestro país para prestar sus servicios en otros países.
  De igual manera, facilitar a los trabajadores españoles en el exterior su regreso a España y el inicio de su actividad profesional en nuestro país.
  La aportación de particulares y empresas debe estar bien definida para garantizar los ingresos necesarios que consoliden un moderno Estado del Bienestar que preste los servicios y atenciones necesarios para que cada ciudadano pueda hacer su propio plan de vida.

3. Conclusión

Tenemos que apostar definitivamente por un nuevo modelo fiscal que garantice los ingresos para el desarrollo de políticas públicas que se destinen a mejorar la calidad de vida, a garantizar que cada individuo pueda desarrollar su propio plan de vida entendiendo una vida buena y, por tanto, garantizando las mismas oportunidades y posibilidades.

Nuestras propuestas tienen que garantizar los ingresos en la teoría y en la práctica, es decir, garantizar los ingresos es gestionar la recaudación, no solamente planteamientos teóricos si no también, acciones que permitan una recaudación eficaz y ágil en tiempo y formal.

No podemos estar en el debate permanente de quién decide bajar más impuestos porque esa no es la solución. Los servicios públicos necesarios tienen un coste y hay que hacerles frente con eficacia, eficiencia, optimización, especialización, mayor control, inspección y seguimiento. No puede crearse una cultura de “amnistía fiscal” o de “no pagar” al mismo tiempo que se exigen derechos que se presupone debe cubrir el Estado.

No podemos fomentar la cultura del “impuesto cero” o de la “subvención como derecho”, porque nos lleva a la absoluta indiferencia y tensión de unos contra otros, a una sociedad de la desigualdad y la crisis social.
Pero junto a eso, tenemos que reivindicar permanentemente unos servicios bien gestionados, con responsabilidades políticas, profesionales y técnicas en su prestación, para evitar el abuso de todo tipo y la concepción de un derecho adquirido sin deber comprometido por parte del ciudadano.

Queremos apostar por la sostenibilidad social y económica y medioambiental del moderno Estado del Bienestar.
Somos conscientes de los necesarios cambios conceptuales que hay que ir introduciendo desde la propia pedagogía política; así nos sentiremos partes, protagonistas, beneficiarios y contribuyentes de una sociedad que avanza unida fomentando los principios y valores de convivencia pacífica, en libertad e igualdad.