El maridaje entre la banca, el Estado español y las autoridades europeas, por Vivenç Navarro

Hace unas semanas escribí un artículo, “Una de las mil razones para estar indignados” (El Plural, 13.01.14), en el que denuncié la complicidad existente entre el Estado español y la banca, una de las mayores causas de la crisis económica y financiera española. Esta complicidad ha llegado a niveles escandalosos. En ningún otro país de la eurozona se ha llegado a esta situación bochornosa. Y mientras, la mayoría de los medios de información y persuasión están calladitos, pues ellos mimos están endeudados con la banca y no se atreven a criticar dicha complicidad.

Veamos primero los datos que resumen la situación existente. Uno viene de las propia Autoridad Bancaria Europea, que ha indicado que los 125 ejecutivos españoles mejor pagados del sector financiero consiguieron, como promedio, unos ingresos anuales de alrededor de 2,4 millones de euros por ejecutivo en 2011, los más altos de la Unión Europea (sí, repito, los más altos de la UE). Otro dato es el que se refiere a los beneficios de las empresas bancarias, que fueron de 7.674 millones de euros (en el caso de los mayores bancos de España), cuatro veces más que en 2012. El sector bancario español es el que ha recibido más ayuda de fondos públicos (alcanzando un 18,5% del PIB a principios de 2013).

Pero, sorpresa, sorpresa. El crédito a las empresas y a las familias “ni está, ni se les espera”, y esta ausencia está creando un problema económico tremendo. Una economía no puede funcionar sin crédito. Y apenas hay crédito (accesible) en España. En realidad, continúa descendiendo. El crédito, ya muy bajo, ha descendido entre diciembre de 2011 y febrero de 2014 un 16,1% para las empresas y un 10,7% para las familias.

¿Cómo puede ser que esto ocurra? ¿Cómo puede ser que el trabajo de los bancos, que es ofrecer crédito, apenas exista y, en cambio, los banqueros se forren y los bancos consigan unos beneficios muy suculentos?

Y ahí está la causa de la indignación. Ello ocurre porque el Estado (que, en teoría, le representa a usted y a mí) lo facilita y los estimula. ¿Cómo?

Pues mire usted, la banca, que tiene un enorme poder en España y en la eurozona, ha creado un lobby con un poder tremendo que se llama el Banco Central Europeo, que es una autoridad pública y que está dirigido por un banquero de una de las empresas bancarias más poderosas y fraudulentas, Goldman Sachs, el Sr. Draghi, nombrado por el Consejo Europeo, que es otra autoridad pública. Pues bien, este BCE imprime dinero (como hace cualquier Banco Central digno de su nombre), pero en lugar de prestárselo al Estado (como hace cualquier Banco Central digno de tal nombre) lo presta a la banca privada a unos intereses bajísimos (menos de un 1%) y ellos compran deuda pública a unos intereses del 3,5%, el 4% e incluso el 8,74% en el caso de los bonos a diez años de Grecia en octubre de 2013. La banca, pues, es la dueña de la deuda pública. Y como los Estados de la eurozona no tienen un Banco Central que los proteja, son muy vulnerables a la especulación financiera y tienen que pagar unos intereses altísimos (el tercer ítem en el presupuesto del Estado español) para conseguir dinero de la banca. Y para que el Estado pueda pagar estos intereses, tiene que recortar su sanidad, su educación… ¿Se da cuenta?

Y lo que es peor es que todo esto podría evitarse. Con todo el dinero que se le ha dado o prestado a la banca podría haberse creado una banca pública que hubiera garantizado el crédito a empresas y familias. Y al BCE se le hubiera también podido exigir que actuara como un Banco Central y prestara dinero directamente a los Estados. Pero todo ello requiere una ruptura de la complicidad del Estado con la banca. Y usted no va a leer esto en la mayoría de los medios de mayor difusión con el detalle y crítica que la situación exige. Y no lo leerá en los diarios o lo oirá en la radio y la televisión porque estos medios también están endeudados y no quieren enfrentarse con la banca que les ha prestado dinero. Así de claro.

El maridaje entre la banca, el Estado español y las autoridades europeas