Las trampas de la nueva Ley de Educación. Por Joaquin Posado. Publicado en la Fundación Cives
Las trampas de la nueva Ley de Educación
Necesitamos un acuerdo básico entre las principales fuerzas públicas y sociales que facilite un sistema educativo estable. El pueblo español tiene derecho a que la educación salga de la disputa política e ideológica. Queremos un marco normativo comparable al de países de nuestro entorno europeo. En Francia, Alemania, Suecia o Finlandia, entre otros, existe un consenso sobre los principios sustanciales que deben sostener el derecho a la educación. España lo necesita con urgencia. Me consta que el ministro de Educación del anterior Gobierno, Ángel Gabilondo, lo intentó. Avanzó en muchos campos, pero las exigencias electorales del PP, entonces en la oposición, junto a las presiones de la Conferencia Episcopal y FAES, impidieron sentar las bases de esa utópica ley de Educación que anhelábamos.
Hoy, en cambio, nos enfrentamos al peor de los escenarios posibles: una nueva ley, la LOMCE, que será aprobada por un solo partido político, el PP, que ha sido redactada sin contar con ningún sector de la comunidad educativa y que, además, no dispone de la financiación necesaria para su implantación.
Un detenido análisis del proyecto de ley presentado, me descubre un farragoso texto plagado de trampas. Veamos.
La primera de ellas aparece en el mismo título, la supuesta mejora de la calidad educativa. Pretenden conseguirla fomentando la competitividad en la preparación del alumno, desde la perspectiva de su futura capacidad para competir en el mercado de trabajo. El lenguaje utilizado en la exposición de motivos de la ley les delata, debe haberla redactado una comisión de vendedores de ropa interior o de comida para perros. Desde luego no han pisado un aula en su vida. Hablan de sueños de los alumnos, de talento, de crear valor individual y colectivo. Palabras extrañas a la docencia y a la vida en la escuela o el instituto. No ven viable que los jóvenes aprendan a pensar por sí mismos, se inclinan por que sean consumidores.
En esta línea de cierta desnaturalización mercantilista de la educación, se introducen las reválidas. Tienen pensado que haciendo una prueba al final de cada etapa, Primaria, Secundaria y Bachillerato, los resultados académicos mejorarán. Tengo fundadas dudas al respecto, el asunto está inventado, ya lo tuvimos con Franco en España, G. W. Bush implantó este sistema de mediciones en EE UU para mejorar en los informes de evaluación internacionales y fracasó. No garantizan el cumplimiento del objetivo. Lo que sí se garantiza, con este sistema de exámenes externos al centro de estudios, es una serie de dificultades añadidas al ya de por sí complejo proceso educativo. Será inevitable condicionar el trabajo en el aula a la preparación de estos exámenes estandarizados, concebidos para evaluar la memoria y la retención de contenidos. ¿Dónde va a quedar la formación de personas con capacidad de reflexionar, de profundizar en los temas estudiados o de contextualizar los mismos? No tendrán reconocimiento otras destrezas o habilidades, ni otras asignaturas, que no vayan a entrar en la reválida. ¿Qué va a pasar con competencias tan importantes como la social y ciudadana, la autonomía personal o la artística? Sé de lo que hablo, desde hace más de 20 años imparto la Historia de la Filosofía en 2º de bachillerato. La Selectividad al final de cada curso determina todo lo que hacemos en clase.
A mayores, será inevitable la publicación del ranking de centros atendiendo a los resultados de los exámenes. Será fuente de conflictos, de competencia entre profesorado y centros educativos, de injusticias, porque se compararán centros de contextos sociales y económicos diferentes.
Otra de las trampas que incorpora la nueva ley es la que se refiere a la libre elección de centros. Se rompe el compromiso de que la administración educativa programe las enseñanzas gratuitas contando con la oferta existente en centros públicos y privados concertados. El nuevo texto afirma que se atenderá la «demanda social» ¿Con qué fin? Pues en la práctica para que algunos centros seleccionen al alumnado. Pasamos así de la libre elección de los padres, que en realidad es libertad de solicitud, a la libre selección de los centros con el mayor número de solicitudes. Nos encontramos ante una evidente realidad, el principio del fin de una educación pública, universal y de calidad en igualdad. Se incrementarán las desigualdades sociales, aumentarán las diferencias entre centros, sobre todo si sus recursos van a depender del ranking de resultados. Aparecerán los guetos escolares, que estarán todos en los centros públicos. Sospecho que así pretenden conseguir uno de los objetivos inconfesables de esta nefasta ley: trasladar a la educación pública al alumnado con mayores dificultades y bajo rendimiento. Ahora sí, nos vamos a parecer a la educación pública estadounidense. Detector de metales a la entrada y policía armado vigilando.
Tengo que recordar lo que supone en esta nueva ley la supresión de Educación para la Ciudadanía, de la Ética y de la drástica reducción de las asignaturas de Filosofía. Si dicen pretender formar jóvenes capaces, emprendedores, que busquen el éxito en su proyecto vital, ¿cómo lo van a conseguir? Suprimiendo estas disciplinas impiden a los alumnos el crecimiento personal que les da comprender el mundo en el que viven, conocer cómo funciona una sociedad democrática y entrenar la ciudadanía junto al respeto a los derechos humanos. Pero todo esto se ignora, creo que lo que pretenden más bien es formar un alumnado que se comporte «como Dios manda». Ya lo decía Rajoy, obedientes, sumisos, competitivos y amantes de la iniciativa privada. Listos para trepar por encima de la espalda de sus semejantes, si de conseguir el éxito se trata. Todo ello con la bendición de la Conferencia Episcopal.
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