Accesibilidad Universal

NO HAY EXCUSAS CUANDO HAY LEY

Francesc Romeu

NO HAY EXCUSAS CUANDO HAY LEY: LA ACCESIBILIDAD ES UNA OBLIGACIÓN

La legislación vigente, concretamente el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece los tiempos máximos de exigibilidad de accesibilidad y no discriminación, con fechas precisas y un régimen sancionador recogido en el Título III.

El problema sigue siendo el que vengo denunciando, y que ya le he hecho llegar al Defensor del Pueblo de España: No hay seguimiento, ni inspección, ni sanción, ni recomendaciones, ni procedimientos que obliguen a empresas privadas y administraciones públicas a cumplir las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Y lo que aún es peor es que en los nuevos servicios, productos e instalaciones no se incorporen desde el primer minuto todos los requisitos de accesibilidad.

No sólo hablamos de las personas con discapacidad, que, por supuesto hay que atender, garantizar y fomentar sus derechos: también hablamos de mejorar las condiciones y calidad de vida de toda la población y garantizar el mismo uso y disfrute de productos y servicios, la igualdad, la convivencia y la libertad. En eso consiste la NUEVA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA, PUNTO 2

Los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad, en todo caso, son los siguientes:

Bienes y servicios nuevos que sean de titularidad pública: Desde la entrada en vigor del real decreto que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.

Bienes y servicios nuevos que sean de titularidad privada que concierten o suministren las administraciones públicas: Desde la entrada en vigor del real decreto que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.

Bienes y servicios nuevos que sean de titularidad privada y que NO concierten o suministren las administraciones públicas: 4 de diciembre de 2015.

Bienes y servicios existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes razonables, cuando sean bienes y servicios de titularidad pública: 4 de diciembre de 2015.

Bienes y servicios existentes el 4 de diciembre de 2012, que sean susceptibles de ajustes razonables, cuando sean bienes y servicios de titularidad privada que concierten o suministren las administraciones públicas: 4 de diciembre de 2015.

Bienes y servicios existentes el 4 de diciembre de 2015, que sean susceptibles de ajustes razonables, cuando sean bienes y servicios de titularidad privada que NO concierten o suministren las administraciones públicas: 4 de diciembre de 2017.

​No hace falta insistir en los claros incumplimientos visto la claridad de los plazos, y, con ello, los incumplimientos de las sanciones que están ausentes convirtiendo esta ley en papel mojado.

El régimen sancionador aplicable, del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre está recogido en el Título III de la Ley. Por una parte, se establece el régimen de infracciones y sanciones común en todo el territorio del Estado, y por otro se determina que “será objeto de tipificación por el legislador autonómico, sin perjuicio de aquellas otras infracciones y sanciones que pueda establecer en el ejercicio de sus competencias. Las comunidades autónomas establecerán un régimen de infracciones que garantice la plena protección de las personas con discapacidad, ajustándose a lo dispuesto en esta ley” (art.78)

Y, finalmente, todo queda recogido en la Sentencia número 384/2019 de la Sala de lo Contencioso-Administrativa, Sección cuarta, del Tribunal Supremo por el recurso presentado por el COMITÉ ESPALOL DE REPRESANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

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