ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN UNIVERSAL: Y EL AÑO QUE VIENE ELECCIONES
ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN UNIVERSAL: Y EL AÑO QUE VIENE ELECCIONES
En este caso sí, es cierto: es más importante el apellido que el nombre. La Accesibilidad y el Diseño Universal nacen como términos y acciones vinculadas a la Inclusión real, a la defensa y promoción de los derechos con personas con discapacidad, para garantizar la máxima movilidad y autonomía de las personas con discapacidad física, sensorial, psíquica, intelectual o del desarrollo. Pero, al final, acabamos descubriendo que todas las acciones, medidas correctoras y ajustes razonables que se establecen pensando en las personas con discapacidad, acaban beneficiando a toda la población, siendo protagonistas de una mayor calidad de vida, seguridad, máxima autonomía, igualdad y libertad. Es, en definitiva, una apuesta por la dignidad de todas las personas. Parece, por tanto, redundante: accesibilidad es, de por si, universal; la inclusión, es de por sí, universal.
En España, más de un 9% de la población, más de 4.52 millones de personas tienen discapacidad reconocida. No obstante, también existen las discapacidades orgánicas o invisibles. Pero no cabe olvidar que todos tenemos nuestras circunstancias, (temporales o permanentes) y nuestras limitaciones: “Superman” sólo existe en Hollywood. Por eso, creo necesario ampliar cultural y conceptualmente el término y alcance de la Accesibilidad e Inclusión Universal para que se incorpore como parte de un nuevo discurso político que centre las acciones en la mejora permanente de la calidad de vida de toda la población. Todos, de un modo u otro, en un momento u otro de nuestra vida, vamos a necesitar la erradicación de barreras y brechas de todo tipo, tanto las físicas y la tecnológicas, pero también las sociales y las culturares.
Muchas son las leyes en vigor al respecto, aunque poco es su cumplimiento y menos el presupuesto destinado. El Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre por el que se aprueba el “Texto Refundido de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social” establece con claridad los plazos en que las empresas, organismos y administraciones públicas deben tener aprobados, en vigor, con presupuesto y seguimiento de ejecución sus Planes Generales de Accesibilidad Universal y que garanticen la Inclusión universal y real. También leyes nacionales para la accesibilidad en el transporte público, en las páginas webs y Apps de las administraciones públicas y la última orden para el diseño universal en los espacios públicos. A lo que hay que añadir, como siempre, la legislación autonómica al efecto.
Lo que llama la atención es su incumplimiento permanente. Como ha quedado denunciado por entidades vinculadas al mundo de la discapacidad, como ante el propio Defensor del Pueblo, no son los poderes públicos, no son nuestros políticos actuales, salvo contadas excepciones y acciones, los que tienen como prioridad poner a las personas, a todas, en el centro de la acción política. Y no sólo porque lo diga la ley, sino porque es un compromiso moral que supone un trabajo activo y directo para poner a la persona en el centro de su acción política.
Como ya anuncié en mi último libro “NO ME SEÑALES, NO SOY DIFERENTE”, todos somos únicos, con nuestras limitaciones y circunstancias. Todos tenemos derecho al uso y disfrute de los servicios públicos, el acceso a las instalaciones públicas a disfrutar con seguridad y máxima autonomía de nuestros espacios públicos, trama viaria, plazas, calles, jardines, playas… Con o sin discapacidad, es necesario que se interiorice que las acciones para la Accesibilidad e Inclusión Universal son acciones para todas las personas, que nos mejoran la vida, nos la hacen más fácil y, al final concebimos ciudades más humanas, espacios más inclusivos que evitan los señalamientos, la discriminación y la segregación. ¿Qué hay más social que esto? Por cierto, señores y señoras políticos, ¡que el año que viene hay elecciones… a ver si se ponen las pilas, que, para luego, ya es tarde!
Hablamos, por tanto, de un nuevo modelo de ciudad, de instalaciones y de servicios públicos, pensados para quien tiene derecho a ellos y los va a usar y disfrutar: toda la población, sin excepciones. Porque defender los derechos de las personas con discapacidad es defender los derechos de todos y abrir un nuevo concepto de “políticas públicas” que promuevan un nuevo modelo de convivencia, donde haya un verdadero renacimiento de la política para las personas, garantizando en todo momento y en todas las acciones la seguridad, la máxima autonomía, la libertad y la igualdad de las personas. En definitiva, es defender y promover nuestra dignidad.
FRANCESC J. ROMEU, abogado, político y escritor. #generacioninclusiva
