Accesibilidad Universal

AL DEFENSOR DEL PUEBLO DE ESPAÑA Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE PETICIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Francesc Romeu

AL DEFENSOR DEL PUEBLO DE ESPAÑA Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE PETICIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Actualmente, en España y en cada una de las Comunidades Autónomas, hay aprobada legislación relativa a la Accesibilidad Universal, inclusión y no discriminación de las personas. Esta legislación, incluso, reconoce el régimen sancionador en caso de incumplimiento de las obligaciones que en esos textos legales se recogen. Régimen sancionador, aplicable directamente a las propias administraciones públicas que son las encargadas de aplicar y desarrollar las resoluciones y obligaciones legales.</a
Es paradigmático que haya legislación aprobada y en vigor, pero no se actúe decididamente por parte de las administraciones públicas en establecer que la Accesibilidad Universal es una obligación legal y que han de desarrollarse, en todo ámbito, todas las medidas, acciones correctoras y presupuestarias para eliminar las brechas físicas, tecnológicas y de todo tipo. Estas acciones, obligadas por ley,  han de desarrollarse en toda su plenitud para proteger, obviamente, los derechos de las personas con discapacidad y movilidad reducida, pero también se extienda al conjunto global de la ciudadanía, ya que, la Accesibilidad Universal es un bien común que ayuda, facilita, mejora y da más seguridad al conjunto de la ciudadanía y garantiza la igualdad de oportunidades y posibilidades para que cada cual pueda desarrollar su plan de vida con la máxima independencia y libertad.
Deben existir en toda la legislación de todo ámbito territorial criterios unificadores sobre la Accesibilidad Universal, las medidas correctoras, los ajustes razonables y la concepción general del objetivo y del bien jurídico que se quiere proteger y promocionar.
No obstante, quiero remarcarle, el continuo y permanente incumplimiento de las leyes vigentes en materia de Accesibilidad. En Madrid, a 20 de marzo de 2019, tuvo lugar la Sentencia número 384/2019 de la Sala de lo Contenciosos Administrativo del Tribunal Supremo, a consecuencia de una demanda interpuesta por el CERMI España frente a la inactividad del Gobierno del Estado Español en la obligación de aprobar una norma reglamentaria que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.  Esta Sentencia, que da la razón al CERMI, recuerda los plazos establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y no discriminación y la obligación del Gobierno de España de aprobar el reglamento que la desarrolle, aun hoy por aprobar.
Junto a este Real Decreto 1/2013, quiero apuntarle que el Real Decreto 1544/2007 de 23 de Noviembre por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad y el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, establecen plazos concretos, acciones y obligaciones a las administraciones públicas que a día de hoy siguen sin desarrollarse con total impunidad.
Así estamos y así seguimos, a pesar de las denuncias de las diferentes entidades y colectivos ya incluso por vía judicial, con independencia del color político de cada gobierno y grupos parlamentarios legislativos. Una dejación que es significativa por lamentable y que atenta contra toda la sociedad y que avergüenza al descubrir que la calidad de vida de las personas y sus derechos no parecen constar en las prioridades políticas, cosa que es trabajo y responsabilidad de todos y todas remediar con urgencia.
Por todo lo expuesto, ruego su mediación para instar al Gobierno de España y al conjunto de las Administraciones públicas a que procedan a:
  1. La actualización de la legislación vigente en materia de Accesibilidad Universal
  2. Desarrollar y aplicar todos los preceptos legales en vigor
  3. Exigir compromisos presupuestarios en materia de Accesibilidad Universal y control y seguimiento de su ejecución
  4. Hacer cumplir a las administraciones, empresas y organismos públicos sus obligaciones recogidas en la ley, con Planes de Accesibilidad Universal completos y actualizados que se comprometan y obliguen a la implantación de mejoras, correcciones, ajustes razonables y eliminación de todo tipo de brecha que no permite la igualdad ni el desarrollo completo de las oportunidades y posibilidades de toda la ciudadanía.
Agradezco su tiempo y atención y quedo a la espera de su comunicación sobre las peticiones y trámites que pueda realizar para subsanar las deficiencias descritas y los incumplimientos fragantes en materia de Accesibilidad Universal.
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